NOTAS SOBRE POLÍTICA EXTERIOR BOLIVIANA

I. HACIA UNA NUEVA FORMA DE INSERCIÓN ACTIVA EN EL SISTEMA ECONÓMICO REGIONAL Y MUNDIAL.

1. Antecedentes.-

La gestión 2001-2002 en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se desarrolló en el contexto de los profundos cambios que se están gestando en el hemisferio, caracterizados a su vez por tres acontecimientos centrales: la convulsión global provocada por los ataques terroristas del 11 de septiembre del año pasado, el colapso económica y social de Argentina y la crisis democrática venezolana.

Los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono cambiaron en un día las prioridades del sistema global, y colocaron el terrorismo -y los factores que lo apoyan o complementan-en el primer plano de los objetivos de las grandes potencias. En la medida en la que Estados Unidos y las potencias europeas -incluyendo Rusia-asumieron los ataques como la principal amenaza a su seguridad, subordinaron todos los otros objetivos de su gestión externa a este nuevo centro de acción. Declararon la guerra a las organizaciones terroristas de alcance global, invadieron Afganistán, derrocaron al régimen Talibán y actualizaron los instrumentos jurídicos, policiales y militares de confrontación con el terrorismo, el narcotráfico y el lavado de dinero. En efecto, el sistema internacional que se construyó en los acuerdos de Westfalia no estaba preparado para este nuevo tipo de conflicto, en los que ya no se enfrentan Estados, sino Estados con organizaciones irregulares sin base territorial. Para entender la situación actual es necesario asumir la idea de que Estados Unidos está en guerra, se siente en guerra y que esa guerra durará mucho tiempo. Bolivia y todos los países de América Latina rechazaron los ataques, expresaron su solidaridad con el país agredido y pusieron en práctica los mecanismos de seguridad y defensa colectiva, sobre todo en el marco del Grupo de Río, mecanismo de consulta política, y en el de la Organización de Estados Americanos.

La temida crisis sistémica se produjo finalmente en un país de la región. Al promediar diciembre del 2001, la convertibilidad, en la que descansaba la estructura política y financiera de la Argentina, no pudo soportar la presión de los mercados de capital y colapsó. Provocó una gravísima crisis social y política que se llevó consigo al Gobierno del Presidente De la Rúa y, pocos días más tarde, al del Gobernador Rodríguez Saa. El Gobierno Duhalde, nombrado después por una aplastante mayoría congresal, confronta ahora las secuelas del corralito bancario, por la imposibilidad material de honrar los derechos de los depositantes y una parálisis casi total del aparato productivo, privado de recursos financieros. Como consecuencia de ese proceso han resultado afectadas las relaciones con los inversionistas corporativos extranjeros y, en cierta medida, los vínculos con algunos países industrializados. Las instituciones multilaterales de ayuda financiera se han mostrado particularmente exigentes con el Gobierno argentino y no han liberado hasta los recursos de alivio indispensables. Desde luego, aunque en medida menor a la esperada, el efecto de demostración argentino también ha dañado la relación de los otros países de América Latina con el sistema financiero internacional y los mercados de capital. A esos resultados deben añadirse los problemas de orden comercial provocados por las sucesivas devaluaciones que originaron. El Mercosur fue directamente damnificado por el problema.

El 11 de abril de este año, movilizaciones ciudadanas de protesta culminaron con la interrupción del orden constitucional de Venezuela, el derrocamiento del Presidente Chávez y su posterior retorno al poder. Desde luego no corresponde ni examinar ni opinar sobre las circunstancias de orden interno que condujeron a esa situación. Es un asunto de política doméstica. Sin embargo, el Presidente y el Canciller de la República se pronunciaron de inmediato, durante la Cumbre del Grupo de Río, invocando la aplicación de la Carta Democrática, suscrita en el marco de la Organización de los Estados Americanos. La gestión de los países de la región fue factor decisivo en el restablecimiento del orden democrático en el país hermano. Con algunas dudas y demoras, producto de la confusión que acompaña este tipo de acontecimientos, el sistema interamericano encaró el desafío y ayudó a superar la crisis. Pero la luz de alerta se encendió y quedó la advertencia de que las expresiones de descontento social que se ponen de manifiesto en las calles de América Latina, pueden concluir afectando el sistema democrático, en la medida en que las demandas populares no encuentren respuesta oportuna.

Esos factores configuran un cuadro extremadamente delicado, que planteó y que planteará al país desafíos importantes, tanto en la gestión económica y política interna como en la administración de la política exterior. Son resultado de la conocida vulnerabilidad regional a los flujos financieros externos, a los precios de sus productos de exportación, a la creciente concentración del ingreso en el plano global, a la fragmentación social y al desencanto ciudadano con el funcionamiento del sistema democrático. Bolivia no es ajena a la influencia de esos factores.

2. Avances a la fecha.-

Las prioridades de la política exterior de Bolivia, en los veinte años del proceso democrático, se adecuaron a las circunstancias prevalecientes.

En la primera fase de reconstrucción democrática, la acción externa estuvo encaminada a conseguir los medios de apoyo externo, financiero y político, indispensables para vencer los problemas de la hiperinflación, la crisis del endeudamiento externo y el desplome de los precios del estaño y del gas, por un lado, y para consolidar el sistema democrático, por otro. La asistencia internacional fue un factor de importancia crítica en la superación de esta etapa.

En la segunda, sin descuidar la anterior, la tarea estuvo dominada por las consideraciones relativas a la lucha contra el tráfico de drogas y el cultivo ilegal de hoja de coca. En realidad, la comunidad internacional condicionó el acceso a financiamiento, mercados y cooperación financiera y humanitaria, a la erradicación de cocales y a la exclusión de Bolivia del circuito de la droga.

En la administración del Presidente Quiroga la orientación de la política externa nacional se ha ajustado nuevamente. La gestión internacional se ha encaminado al acceso a mercados y a la captación de inversiones para el desarrollo del sector gasifero, piedra angular del desarrollo económico del futuro próximo. Por eso se ha procurado consolidar la estructura de la Comunidad Andina, para mantener y ampliar los mercados regionales para las exportaciones de soya de Santa Cruz; se ha promovido una activa línea de cabildeo y presión para consolidar y ampliar el Acta de Preferenciales Arancelarias Andinas de los Estados Unidos, crucial para las ventas de textiles, cueros y manufacturas bolivianas de mano de obra intensiva y, finalmente, se encaminó la política de exportación de gas natural licuado al mercado de California.

De esa forma se ha intentado promover un cambio significativo en la política internacional boliviana: pasar de una gestión externa dedicada a luchar contra el narcotráfico a una diplomacia que gire en torno a las relaciones económicas internacionales. Transitar de la actitud pasiva de apertura al comercio mundial y a la inversión hacia una nueva forma de inserción activa en el sistema económico regional y mundial.

3.- Acciones por desarrollar y recomendaciones.-

El país debe asumir por sí mismo la gestión de determinadas acciones, como la relativa a la ejecución del proyecto de LNG, por ejemplo. Las negociaciones con el país en el que se instale el puerto ya fuera Perú o Chile; el otorgamiento de ventajas comerciales en México para el tránsito del gas natural; el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, tienen carácter bilateral. Por cierto, se sitúan en el mismo plano las acciones con el Brasil para ampliar la venta del gas y para establecer plantas petroquímicas y termoeléctricas orientadas a ese mercado y las que se vayan a emprender en el futuro para aprovechar el potencial energético nacional.

Por lo demás, en ningún momento puede dejarse de lado el objetivo central de nuestra reintegración marítima y la política de reafirmación de nuestro derecho a obtener una solución definitiva al problema del enclaustramiento geográfico. Las negociaciones sobre la posible exportación del gas a través de Chile deben estar encaminadas también a la búsqueda de soluciones creativas que nos permitan recuperar nuestra cualidad marítima.

En cambio, otras gestiones tienen que realizarse necesariamente en el plano multilateral.

La producción boliviana de soya y otros granos depende de manera directa de la consolidación de la Comunidad Andina. Las preferencias arancelarias del mercado andino son absolutamente críticas para mantener y expandir la frontera agrícola del oriente boliviano.

De la misma forma, no quedan dudas sobre la necesidad de concertar la acción con los socios de la Comunidad Andina y del Mercosur para participar en negociaciones comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea. Así lo ha demostrado la experiencia de las gestiones realizadas en el Ejecutivo y el Congreso de los Estados Unidos en el tema del Acta de las Preferencias Arancelarias Andinas y las difíciles conversaciones que se sostuvieron en Bruselas y Madrid con la Unión Europea, especialmente durante la Cumbre de América Latina y el Caribe – Unión Europea, a propósito de la ampliación del Sistema Generalizado de Preferencias y de la suscripción de un Convenio de Asociación entre ambos esquemas de integración (el andino y el europeo). Es evidente que el acceso de productos bolivianos a esos mercados, los más importantes del mundo, será el resultado de la gestión colectiva de los países andinos o, eventualmente, de la de los países latinoamericanos si es que se encaminan en el marco del ALCA.

Las negociaciones bolivianas con los organismos financieros internacionales –Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, Fondo Monetario Internacional-se desarrollan en el nivel bilateral. Sin embargo, las propuestas encaminadas a modificar el marco global de sus objetivos y la naturaleza de sus políticas, de forma que atiendan mejor las necesidades concretas de los países en desarrollo, también deben encarrillarse por mecanismos multilaterales, como ocurrió en la Cumbre de Monterrey. La experiencia boliviana en el tratamiento del tema de la deuda externa, sus políticas de descentralización y asignación de recursos para luchar contra la pobreza, tienen carácter pionero y debieran habilitar al país a tomar posiciones de vanguardia en la discusión de estos temas. Sin embargo, la Cancillería no está preparada para tomar esas iniciativas, en la medida en que continúa habituada a la condición de mecanismo de transmisión diplomática, antes que a la programación de políticas y generación de propuestas.

El mundo ha cambiado sustantivamente. Pero también se ha modificado fundamentalmente la estructura demográfica, productiva y política del país. Sin embargo, las pautas de relacionamiento con los países vecinos, escenario inmediato de la proyección externa de Bolivia, no se han alterado en esa misma medida. Examinemos un par de los principios básicos de la política exterior, en esa óptica.

La transformación de los medios de comunicación y de transporte, por un lado, y el desarrollo del hinterland de los países sudamericanos, por otro, hicieron que condición geográfica de la nación, en el centro del Continente, dejara de ser un obstáculo económico y geopolítico para convertirse en una ventaja real. De esa forma, recién ahora toma contenido práctico la vocación de eje de articulación continental, entre las cuencas del Pacífico, el Plata y el Amazonas.

Del otro, el eje de las exportaciones bolivianas cambia de orientación. Durante casi toda la historia de la República, los países vecinos fueron lugares de paso de las ventas bolivianas de minerales y otros productos a los mercados de Estados Unidos o de ultramar. Sin embargo ahora, de manera creciente, se transforman en centros de consumo, en mercados sustantivos del comercio exterior del país, como ocurre con la soya o con el gas natural. Ya se anotó que la expansión de la frontera agrícola boliviana depende de su acceso a los mercados andinos, a los que debe agregarse Chile para la oferta exportable de agricultura tropical y ganadería del oriente. En el caso del gas, esa condición toma además carácter estratégico ya que todo indica que Bolivia será el centro de oferta de energía al Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, durante el siglo veintiuno, con todas las connotaciones económicas y políticas que trae consigo.

Si a esos datos, relacionados con la estructura productiva del país, se agrega la condición de eje continental de articulación de los medios de transporte y comunicación entre el Atlántico y el Pacífico, entre las cuencas del Amazonas, el Plata y el Pacífico, se tienen en la mano los elementos que deben definir la naturaleza de la política sudamericana del país. La conducta diplomática y política bilateral con Brasil, Argentina, Perú, Chile y, en menor medida, con Uruguay y Paraguay se tiene que guiar por esos parámetros.

Esa nueva realidad económica y geoestratégica no se ha trasladado, todavía, a la gestión internacional del país y, por cierto, no forma parte de la práctica diaria del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Tal vez una de las importantes conclusiones de la gestión de este año ha sido la comprobación de que no es posible separar la política exterior de la política interna. En realidad, todas o casi todas las dimensiones de la gestión estatal están directamente influidas por el impacto de los factores externos. Política fiscal, política monetaria, política de comercio exterior, política de inversiones, política agrícola, política minera, política industrial, política de salud, política de educación, política exterior propiamente dicha, todas son notoriamente permeables a las condiciones del entorno externo. Esa afirmación tiene todavía mayor validez en el caso de países pequeños, extremadamente dependientes, como es Bolivia.

Esos hechos obligan a mirar de manera diferente la organización del Estado para su relacionamiento externo. Ya no se trata solamente de fortalecer la tradicional gestión diplomática, sino de establecer un sistema de articulación permanente entre la gestión gubernamental en su dimensión interna y externa. El Ministerio de Relaciones Exteriores debe sumar el rol de coordinación entre las reparticiones gubernamentales y los mecanismos del sistema internacional -gubernamental y multilateral– a su papel tradicional de gestión diplomática y política.

Otro elemento que tiene que anotarse es el requisito de excelencia en la calidad del personal del servicio exterior. No basta la calificación de la Academia Diplomática, todavía insuficiente. Es indispensable contar con personal de calificación profesional superior, en lo posible en centros académicos de prestigio, con dominio de idiomas. No obstante, se debe evitar caer en una gremialización excesiva del personal diplomático, lo cual tampoco contribuye a lograr la meta de integrar el trabajo de Cancillería con el del resto del aparato público.

Como parte de la reforma interna que debe llevarse a cabo en la Cancillería, el gobierno nacional dejará a su sucesor un proyecto de Decreto de reestructuración del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que tiene por objeto hacer de la Cancillería un Ministerio más apto y más moderno para enfrentar los nuevos desafíos que presenta hoy el mundo globalizado.

El proyecto incluye la creación de un Viceministerio de Gestión Diplomática y Consular, el cual, además de administrar los recursos de este Despacho, estará a cargo de los temas relacionados con el Escalafón Diplomático y de la cooperación que se debería brindar, mediante el sistema consular, a las comunidades bolivianas que residen en el exterior.

El Viceministerio de Relaciones Exteriores y Culto se haría cargo de los asuntos multilaterales y bilaterales y de los temas especiales, como son vinculados con las relaciones con los Estados Unidos o con el narcotráfico. Finalmente, el Viceministerio de Relaciones Económicas Internacionales e Integración se seguiría ocupando de los asuntos relativos a los organismos económicos internacionales, de la integración y de negociaciones sectoriales.

Otra área que tiene que ser modernizada es la de Protocolo y Ceremonial del Estado. Por cierto, todo ello exige una reingeniería completa de la Cancillería y de su relación con todas las otras reparticiones de Gobierno. Se tratará de un proceso que debe calcularse en unos tres a cinco años, para su conceptualización y ejecución.

II. RELACION CON LOS PAISES VECINOS

1. Antecedentes.-

Bolivia y sus cinco vecinos comparten una serie de rasgos políticos y económicos: sistemas democráticos, promoción de los derechos humanos, economías de mercado y procesos de apertura y liberalización, vocación pacifista, interés en los procesos de integración y pertenencia a la civilización occidental. En contrapartida, también enfrentan retos comunes como el proceso de globalización o la revolución tecnológica.

En el ámbito multilateral, Bolivia y sus vecinos pertenecen a diversas organizaciones y foros: la ONU, la OEA, la OMC, el FMI o el Banco Mundial, para mencionar los organismos más importantes. En el plano político, los seis países participan en el Grupo de Río, las Cumbres Hemisféricas, Iberoamericanas, Sudamericanas y entre América Latina y el Caribe con los países de la Unión Europea. Todas estas instancias se han formalizado para promover la diplomacia presidencial y el diálogo político al más alto nivel. En el ámbito regional, Brasil, Argentina y Paraguay son miembros plenos del MERCOSUR, mientras que Bolivia y Chile son países asociados. Por otra parte, Bolivia y Perú son miembros de la CAN. A escala hemisférica, todos estos países están participando en las negociaciones del ALCA. En el ámbito de cooperación subregional, todos los países del MERCOSUR y Bolivia pertenecen al Tratado de la Cuenca del Plata, mientras que Perú, Brasil y Bolivia pertenecen al Tratado de Cooperación Amazónica.

Los principales temas de la agenda de Bolivia con sus vecinos son: la recuperación de la cualidad marítima; complementariedad económica e integración comercial; integración física y corredores bioceánicos; integración energética; cooperación e integración fronteriza; flujos migratorios y cooperación en materia fluvial y lacustre.

Entre los seis países, la economía más grande es la de Brasil y la segunda es la de Argentina, mientras que las más pequeñas son las de Bolivia y Paraguay. No obstante, cabe destacar que, en los últimos meses, la economía argentina ha decrecido en un 16 %. En la década de los noventa, la economía de más rápido crecimiento fue la economía chilena. El país más poblado es Brasil y le siguen Argentina y Perú. Durante el último año, el intercambio comercial de Bolivia con sus cinco vecinos fue deficitario. Sin embargo, en términos de procesos de integración, Bolivia tiene un superávit comercial con la CAN y un acentuado déficit con el MERCOSUR, ALADI y el ALCA. LA CAN es un importante mercado para las exportaciones no tradicionales de Bolivia, especialmente del complejo oleaginosas. Asimismo, el Brasil es prácticamente el único mercado para las exportaciones de gas natural de Bolivia. Las importaciones argentinas son todavía bastante reducidas.

En los últimos años, Bolivia ha absorbido inversión extranjera directa de sus cinco vecinos. No obstante, los flujos de capital más significativos provienen de Brasil y Argentina. Los flujos de capital bolivianos que se han orientado hacia los países vecinos son prácticamente inexistentes. En lo que se refiere al problema del contrabando, los productos internados al país provienen -sobre todo- de Chile (Zona Franca de Iquique) y, en los últimos meses, de Argentina y Brasil.

La CAN y el MERCOSUR son uniones aduaneras imperfectas. Bolivia es miembro pleno de la CAN, país asociado del MERCOSUR y el único andino que cuenta con una zona de libre comercio con el MERCOSUR. Por su parte, con Chile, Bolivia sólo tiene un Acuerdo de Complementación Económica. En el ámbito sudamericano, el Brasil está promoviendo la creación de un espacio integrado sobre la base de un Acuerdo de Libre Comercio entre la CAN, el MERCOSUR y Chile. Bolivia ha apoyado este esfuerzo, se ha beneficiado de la Iniciativa para la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) y ha promovido el establecimiento de un mecanismo de diálogo y concertación política entre los doce países de la región, consciente de su relevancia de cara a las negociaciones del ALCA.

La promulgación de la Ley de Corredores de Exportación de energía, hidrocarburos y telecomunicaciones trata de convertir a Bolivia en el núcleo de distribución energética y de comunicaciones en el Cono Sur. En lo que se refiere a los corredores bioceánicos, cabe destacar que Bolivia está unido a través de carreteras asfaltadas con Chile y Perú, mientras que se están desarrollando obras de infraestructura física que permitirán conectar las principales ciudades del país con Brasil y Argentina, en los próximos años. En este marco, cabe destacar el desarrollo de la IIRSA, que cuenta con el apoyo de importantes organismos multilaterales y permitirá la concreción de varios proyectos de integración física a escala sudamericana.

Bolivia es el país con más importantes reservas de gas natural – no asociadas a líquidos- en Sudamérica. Por otro lado, el país está unido al Brasil a través del gasoducto Santa Cruz-San Pablo, una de las más importantes obras de infraestructura física construida en la región en los últimos años. Además se conecta con Brasil y Argentina a través de otros ductos. Con Chile, el país está unido a través del oleoducto Sica Sica-Arica y se espera que, en los próximos años, el país construya ductos hacia el Perú y Paraguay para la exportación de GLP. Además, cuando se concrete el Proyecto Pacific LNG, el país se unirá con algún puerto del Pacífico que permitirá la exportación de gas licuificado a los mercados de la costa oeste de Norteamérica. Este proyecto aparte de permitir la apertura de nuevos mercados para el gas natural podría contribuir a incrementar la presencia de Bolivia en el Pacífico y a recuperar su cualidad marítima. En todo caso, estos emprendimientos están orientados a hacer realidad la idea de Bolivia como centro de abastecimiento y distribución de energía en el Cono Sur.

Bolivia pertenece a tres Cuencas: la Cuenca del Plata, la Cuenca del Amazonas y la Cuenca Central o Lacustre. Los usos que se les da a los cursos de agua internacionales en cada una de las cuenca son distintos. En algunos casos interesa la regulación de las aguas, el control de crecidas o la retención de sedimentos, mientras que en otros se prioriza la navegación o su mejoramiento, la utilización óptima y racional de los recursos hídricos o la exportación de hidroelectricidad. Los principales emprendimientos con los países vecinos son el aprovechamiento conjunto de las aguas del Lago Titicaca y el sistema TDSP, la regulación de las aguas de la Alta Cuenca del río Pilcomayo, la regulación de las aguas y la construcción de tres presas en la Alta Cuenca del río Bermejo y Grande de Tarija o el mejoramiento de la navegación de la Hidrovía Paraguay-Paraná.

El país con el que más se ha avanzado en materia fronteriza es la Argentina, inmediatamente después está el Perú y, posteriormente, el Brasil y Chile. El país con el que menos se ha avanzado en este aspecto es Paraguay. El problema fronterizo se analiza en las Comisiones Mixtas, en los Comités de Frontera y, en algunos casos, a través de proyectos de integración fronteriza. Sin embargo, en los últimos años, Bolivia y sus vecinos han comenzado a trabajar en proyectos que trascienden la línea fronteriza y abarcan regiones a ambos lados de la frontera. Ejemplos de estas iniciativas, con interesantes perspectivas futuras, son los proyectos que se pretenden desarrollar con Chile, Perú y Argentina.

Bolivia tiene fronteras con cuatro Estados del Brasil: Acre y Rondonía en la Región Norte y Mato Grosso y Mato Grosso do Sul en la región Centro Oeste. El país sólo colinda con dos provincias argentinas: Jujuy y Salta. Asimismo, Bolivia tiene fronteras con las regiones I (Tarapaca) y II (Antofagasta) de Chile y con los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay del Paraguay. Finalmente, en el caso del Perú, el país limita con los departamentos de Madre de Dios, Tacna y Puno. Ocho de los nueve departamentos del país tienen fronteras con los países vecinos, siendo la excepción Cochabamba.

La comunidad de emigrantes bolivianos más grande en el mundo se encuentra en la Argentina. Muchos se encuentran injustamente discriminados y son duramente explotados por empresarios inescrupulosos. Es por ello que este tema se ha convertido en un asunto central de la agenda bilateral. Del mismo modo, se estima que existen importantes contingentes de bolivianos en países como Brasil, Chile y Perú, que exigen su legalización y buscan la protección y el amparo del Estado boliviano. En contrapartida, en Bolivia existe una importante comunidad de residentes peruanos, especialmente en la ciudad de El Alto, que ya ha ocasionado problemas bilaterales y algunas fricciones en el ámbito diplomático.

En el marco de ALADI, Bolivia y Paraguay son países de menor desarrollo económico relativo. Se trata además de los dos únicos países mediterráneos de Sudamérica, por lo que para ambos el desarrollo de regímenes de libre tránsito y libre navegación son cruciales para su desarrollo y su comercio exterior. Por otra parte, para el país es necesario consolidar sus derechos de uso en puertos, zonas de almacenaje y zonas francas otorgadas por los países vecinos.

2. Objetivo de la Política.-

El objetivo de la Política de interrelación con los países vecinos ha sido el de consolidar la posición de Bolivia «tierra de contactos y múltiples gravitaciones», que le permita convertirse en nudo de articulación de los procesos de complementación económica, de integración física, energética y comercial de América del Sur, en centro del equilibrio regional y en factor de confluencia de su entorno vecinal.

Asimismo, se ha buscado fortalecer y readecuar las relaciones con los países vecinos, a través de la conformación de instancias de diálogo, consulta y concertación política, para lograr una mayor integración y cooperación en la región.

También se ha intentado promover el desarrollo de programas de cooperación en el ámbito fronterizo, aduanero y de migración con todos los países de la región.

3. Avances a la fecha y acciones por desarrollar.-

3.1. Argentina

La agenda bilateral se ha visto afectada en los últimos años porque Argentina ha dejado en gran medida de ser un país importador de gas boliviano. A ello se ha sumado la difícil situación económica por la que atraviesa el vecino país, en el plano económico y social. Por ello se hace necesario cambiar sustancialmente el eje de la relación con la Argentina para encontrar nuevos puntos de interés común y de convergencia económica.

Con este propósito, el 23 y 24 de octubre de 2001, atendiendo una invitación del entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, Adalberto Rodríguez Giavarini, el Canciller boliviano, Gustavo Fernández Saavedra, visitó la ciudad de Buenos Aires. En dicha ocasión, ambos Cancilleres destacaron la necesidad de desarrollar nuevos proyectos de integración física, energética y minera. Inmediatamente después de la visita del Canciller, el presidente boliviano, Jorge Quiroga Ramírez, también visitó la República Argentina para presentar con ocasión del XVIII Congreso de Energía, organizado por el Consejo Mundial de Energía, el potencial gasífero y energético del país, replanteando, de esta manera, la posibilidad de que el norte argentino se convierta en un potencial mercado para el gas boliviano en el futuro. No debe olvidarse, por lo demás, que existe un gasoducto que fue utilizado por largos años para la exportación del gas a la Argentina y que además se cuenta con un pequeño ducto que nace en Madrejones y que luego se interna en territorio argentino.

En el ámbito de la integración física, ha sido muy significativa la inauguración, en diciembre de 2001, del nuevo puente internacional Los Toldos – La Mamora, que se construyó con la colaboración logística y financiera del Gobierno de la Provincia de Salta. Este puente facilitará la comunicación entre el noroeste argentino con el sudoeste boliviano.

Por lo demás, en enero de 2002, en ocasión de la Reunión de Cancilleres del MERCOSUR, Bolivia y Chile en Buenos Aires, tuvo lugar un encuentro de autoridades bolivianas y argentinas para discutir temas migratorios, aduaneros y fronterizos. Los Cancilleres de ambos países decidieron crear un Grupo de Trabajo para analizar la entrada en vigencia del II Protocolo Adicional al Convenio de Migración, pero las reuniones de dicho Grupo de Trabajo fueron suspendidas debido a los problemas bilaterales, generados por el brote de fiebre aftosa detectado en la frontera con Argentina.

Finalmente, cabe recordar que el 11 de enero de 2002, en ocasión de la Reunión de Cancilleres del MERCOSUR, Bolivia y Chile en Buenos Aires, tuvo lugar un encuentro de autoridades bolivianas y argentinas para discutir temas migratorios, aduaneros y fronterizos. Los Cancilleres de ambos países decidieron crear un Grupo de Trabajo para analizar la entrada en vigencia del II Protocolo Adicional al Convenio de Migración, pero las reuniones de dicho Grupo de Trabajo fueron suspendidas debido a los problemas bilaterales, generados por el brote de fiebre aftosa detectado en la frontera con Argentina.

3.2. Brasil.-

Las relaciones con Brasil son de vital importancia para el país, puesto que Brasil es, por el momento, el principal mercado para el gas natural boliviano. El gasoducto Santa Cruz – San Pablo, inaugurado en 1999, es el mayor de su tipo en América Latina y permitirá la exportación de gas a ese país por los próximos treinta años. A partir de esta importantísima obra de integración energética se ha ido consolidando una nueva asociación estratégica entre Bolivia y Brasil, que será fortalecida posteriormente a través la instalación de las centrales termoeléctricas de Puerto Suárez y de Corumbá.

Existe además un compromiso para la exportación de gas hacia Cuiabá, a través de un ramal del gasoducto a San Pablo.

Por lo demás, se han hecho avances muy importantes para la obtención del financiamiento de la carretera Santa Cruz – Puerto Suárez – Corumba, eje fundamental de los corredores bioceánicos, que permitirá establecer una verdadera comunicación entre los dos países.

Por ello, el Presidente de Bolivia, Jorge Quiroga Ramírez, realizó una visita de trabajo al Brasil los días 11 y 12 de diciembre de 2001 a las ciudades de Brasilia y Río de Janeiro, con el fin de discutir diversos temas de la agenda bilateral. En la oportunidad, el Primer Mandatario trató con su homólogo brasileño, Fernando Henrique Cardozo, aspectos relativos al desarrollo de proyectos de integración física y energética. En ese contexto, ambos gobiernos le asignan una alta prioridad al tema de la Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana (IIRSA), en el marco de la Cumbre de presidentes de América del Sur.

Los presidentes coincidieron en que la sociedad estratégica establecida entre Bolivia y Brasil debe proyectarse más allá del tema energético. En ese marco, se ha suscrito una decena de proyectos con el Brasil en el ámbito de la cooperación técnica y científica, que inicia un programa de asistencia de la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) para el bienio 2002-2003.

Por otra parte, la constitución de la Comisión Mixta en materia energética, copresidida por los Ministros del área, integra cinco mesas de trabajo relativas a temas como el gas, el polo petroquímico, la integración física y estratégica, la exportación de energía eléctrica y coordinación.

Además, con el propósito de fortalecer la integración física y de infraestructura se ha previsto la construcción de un puente internacional entre Brasilea y Cobija, así como el uso común de los aeropuertos de Cobija y Guayaramerín.

3.3. Chile.-

En febrero de 2000, los Cancilleres de Bolivia y Chile se reunieron en Algarve, Portugal, con ocasión de la Reunión de Ministros de América Latina y el Caribe – Unión Europea, dando continuidad al diálogo que habían iniciado, en junio de 1999, en Río de Janeiro y, en noviembre de ese mismo año, en La Habana.

El propósito de este encuentro, manifestado en el Comunicado Conjunto emitido en esa oportunidad, fue el de incorporar, «sin exclusión alguna, las cuestiones esenciales de la relación bilateral, con el espíritu de contribuir al establecimiento del clima de confianza que debe presidir ese diálogo».

El Comunicado Conjunto advertía, además, que el diálogo «estará encaminado a superar las diferencias que han impedido una plena integración entre Bolivia y Chile, con el firme propósito de buscar y alcanzar soluciones a las cuestiones que afectan sus relaciones políticas y económicas».

El diálogo sin exclusiones significó, por una parte, volver a incorporar el tema de nuestra reivindicación marítima en la agenda conjunta, como asunto central de nuestra política exterior. Implicó también admitir la posibilidad de que Chile planteara sus observaciones sobre el caso del uso y el aprovechamiento de las aguas del Silala y, por cierto, que Bolivia presentara las razones en las que fundamentaba sus decisiones.

En este marco, durante el último año, el tema central de las relaciones con Chile ha sido el Proyecto Pacific LNG, que permitiría que Bolivia venda sus reservas de gas natural en el sudoeste de Norteamérica, a través de un puerto ubicado en las costas del Pacífico, pudiendo para el efecto utilizarse un puerto peruano (Ilo o Matarani) o un chileno (Arica, Iquique o Mejillones).

El presidente Quiroga, en ocasión de la Reunión de Presidentes del Grupo de Río, en Santiago, en agosto de 2001, se reunió con el Presidente Ricardo Lagos, con el objeto de iniciar las conversaciones referidas al proyecto de exportación de Gas Natural Licuado a Norteamérica.

Posteriormente, en ocasión de la XVI Cumbre del Grupo de Río en San José de Costa Rica, en abril de 2002, mediante una declaración conjunta, los presidentes anunciaron oficialmente la celebración de negociaciones para desarrollar el proyecto Pacific LNG, además de una agenda importante referida a complementación minera, uso de recursos hídricos compartidos y la negociación para convertir al ACE 22 en un Acuerdo de Libre Comercio.

Por lo demás, durante la reunión sostenida en Costa Rica, durante la Cumbre del Grupo de Río, de abril de 2002, los Presidentes Quiroga y lagos manifestaron el interés mutuo por avanzar en la profundización del ACE 22 hacia una Zona de Libre Comercio, ampliado las áreas y disciplinas de interés para Bolivia. El objetivo en las relaciones comerciales con Chile ha sido el de lograr una situación de mayor equilibrio comercial, a través del mejoramiento de las condiciones de acceso.

3.4. Paraguay.-

Las relaciones con el Paraguay deben ser enmarcadas también en el ámbito de la integración energética y física, puesto que Paraguay es también un potencial importador de nuestro gas y porque es importante punto de comunicación de de los corredores bioceánicos, a través de la conexión con la carretera transchaco, que conectaría a Bolivia con Asunción, y mediante la hidrovía Paraguay – Paraná, que da salida al Océano Atlántico a los dos países mediterráneos de la región.

Por lo demás, en ocasión de la Visita Oficial del Canciller Gustavo Fernández Saavedra, en marzo de 2002, fueron suscritos los siguientes instrumentos jurídicos:

· Acuerdo sobre restitución de vehículos robados o hurtados · Memorándum de Entendimiento sobre intercambio de información relativa al lavado de activos · Memorándum de Entendimiento para la elaboración de un Plan de Acción para el manejo transfronterizo de las áreas protegidas de Bolivia y Paraguay · Memorándum de Entendimiento sobre integración y complementación energética · Convenio de Cooperación Técnica entre CEPROBOL y PROPARAGUAY · Acuerdo Interinstitucional de Cooperación e Intercambio de Información entre la Dirección General de Aduanas de Bolivia y la Aduana Nacional del Paraguay

3.5. Perú.-

El eje de la relación con el Perú debe girar sobre los intereses comunes del lago Titicaca y el intercambio comercial entre ambos países, que tiende a aumentar paulatinamente..

En este marco, el Presidente en ejercicio de Bolivia, Jorge Quiroga Ramírez, efectuó una visita al Perú, en ocasión de la transmisión de mando presidencial en el vecino país, producida el 28 de julio de 2001.

En el ámbito bilateral, en dicha ocasión fueron suscritos un Acuerdo para el tendido de un poliducto desde Cochabamba hasta el puerto de Ilo y un Memorándum de Entendimiento para regularizar la situación migratoria de los ciudadanos de los dos países.

El Ministro Gustavo Fernández Saavedra realizó una visita oficial al Perú entre el 5 y el 6 de noviembre de 2001. En retribución, el Canciller peruano, Diego García-Sayán, realizó una visita a Bolivia el 17 de diciembre de 2001. En ambas ocasiones, los Ministros discutieron pormenores del Proyecto Pacific LNG y decidieron avanzar en el proceso de integración bilateral, en el marco de una asociación preferencial que profundice la coordinación, la cooperación política, la integración y la complementación económica entre ambas naciones. La posibilidad de que el Proyecto Pacific LNG utilice el puerto de Ilo para el tendido de los ductos y para el establecimiento de una planta de licuefacción, se convirtió en un tema central en las relaciones bilaterales.

En el ámbito del diálogo político, se realizó la II Reunión de la Comisión de Coordinación Política, Cooperación e Integración Boliviano-Peruana, en octubre de 2001.

En ocasión de la visita oficial del Presidente Alejandro Toledo, en enero de 2002, fue suscrita la Declaración del Lago Titicaca, en la que se señala «la alianza estratégica» de ambos países, que posteriormente fue ratificada con la realización de la Reunión Binacional de Ministros de Estado de las áreas económica, productiva, social y de defensa, habiéndose llegado a importantes acuerdos en materia de infraestructura física, integración minera y energética, agricultura, comercio, turismo, salud, defensa y seguridad.

Los Presidentes de la República de Bolivia y del Perú destacaron la voluntad de unidad y trabajo conjunto para la integración entre los dos países. Esta visita fue ocasión para que se inaugurara el puente internacional y las esclusas de regulación de aguas sobre el río Desaguadero.

Por otra parte, en noviembre de 2001 se realizó, en Lima, la II Reunión Binacional Perú-Bolivia de la Comisión Binacional para Asuntos de la Autoridad del Lago Titicaca (ALT), donde se reiteró el respaldo económico, político y diplomático de ambos países a la Comisión. La función principal de ésta ha sido aprobar el Plan Director Binacional de Protección – Prevención de Inundaciones y Aprovechamiento de los Recursos Hídricos del Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa (Sistema TDPS).

Finalmente, cabe destacar que, en lo que se refiere a la utilización de las aguas del Río Mauri, en 2002 fueron concluidos los estudios destinados a la utilización de las aguas de la Cuenca Alta del Río Maure en beneficio común.

4. Recomendaciones.-

La revisión de los asuntos más destacados de la agenda vecinal nos permite establecer algunos cursos de acción que podrían seguirse en la próxima gestión de gobierno.

· Consolidar la posición de Bolivia como Centro de la producción, distribución y abastecimiento de energía tanto hidrocarburífera como eléctrica, mediante el desarrollo de proyectos energéticos conjuntos, que involucren gas natural, GLP, GNL, termoelectricidad, hidroelectricidad o energía geotérmica. · Promover la complementación económica y comercial con los países vecinos, mediante la apertura de nuevos mercados y la activa participación en los procesos de integración regional y subregional. · Fortalecer y si fuera necesario replantear las relaciones con los países vecinos, a través de la conformación de instancias de diálogo, consulta y concertación política, para lograr una mayor integración y cooperación en la región. · Promover una mayor integración física de la región, a través de corredores interoceánicos que vinculen los puertos y mercados del Pacífico con el Atlántico, así como hidrovías, ferrocarriles, ductos, redes de fibra óptica y conexiones eléctricas. · Promover el desarrollo de las regiones fronterizas mediante acuerdos bilaterales de cooperación fronteriza y la conformación de Comités de Frontera. · Desarrollar acciones para proteger y apoyar a los bolivianos que viven en otros países de la región

III. LA REINTEGRACIÓN MARÍTIMA

1. Antecedentes y contexto.-

La reintegración marítima es uno de los objetivos fundamentales y permanentes de la política exterior boliviana, al punto de que la consecución de tal objetivo ha determinado el accionar externo del país.

El gobierno del Presidente Quiroga mantuvo la política iniciada por el Presidente Banzer de reafirmación de nuestro derecho irrenunciable a una solución definitiva al problema del enclaustramiento geográfico al que fue condenado nuestro país después de la Guerra del Pacífico y que ha sido, por una parte, una de las causas principales de nuestro menor desarrollo económico y, por la otra, un impedimento gravitante para una verdadera integración regional.

2. Objetivo de la Política.-

El gobierno del Presidente Banzer propuso en 1998 al gobierno de Chile, en el marco dela Asamblea General de la OEA, iniciar un proceso de reflexión que hiciera posible encontrar una solución definitiva del problema marítimo.

Posteriormente, en febrero de 2000, los Cancilleres de Bolivia y Chile se reunieron en Algarve, Portugal, con ocasión de la Reunión de Ministros de América Latina y el Caribe – Unión Europea, dando continuidad al diálogo que habían iniciado, en junio de 1999, en Río de Janeiro y, en noviembre de ese mismo año, en La Habana.

El propósito de este encuentro, manifestado en el Comunicado Conjunto emitido en esa oportunidad, fue el de incorporar, «sin exclusión alguna, las cuestiones esenciales de la relación bilateral, con el espíritu de contribuir al establecimiento del clima de confianza que debe presidir ese diálogo».

El Comunicado Conjunto advertía, además, que el diálogo «estará encaminado a superar las diferencias que han impedido una plena integración entre Bolivia y Chile, con el firme propósito de buscar y alcanzar soluciones a las cuestiones que afectan sus relaciones políticas y económicas».

El diálogo sin exclusiones significó volver a incorporar el tema de nuestra reivindicación marítima en la agenda conjunta, como asunto central de nuestra política exterior.

3. Avances a la fecha.-

Bajo ese marco doctrinario, el gobierno boliviano, durante la gestión del Presidente Jorge Quiroga, decidió continuar con el proceso de diálogo sin exclusiones iniciado por su antecesor con el propósito de que, en el marco de un gran acuerdo de cooperación política e integración económica, se resuelvan los problemas pendientes entre las dos naciones, en concordancia con el espíritu y contenido de las resoluciones de respaldo que recibió la causa marítima en el seno del Sistema Interamericano.

La renovación del diálogo sin exclusiones llevada adelante por los presidentes Quiroga y Lagos permitió además incluir el tema de un posible acuerdo para la exportación de gas natural boliviano a Norteamérica a través de un puerto chileno. Las negociaciones sobre este tema han estado dirigidas a la búsqueda de una solución que permita no sólo aumentar la presencia y gravitación de Bolivia en el océano Pacífico, sino también recuperar la cualidad marítima por parte de Bolivia, a partir de una visión de conveniencias y ganancias mutuas.

En ese contexto, durante la XIV Reunión Cumbre del Grupo de Río, realizada en San José de Costa Rica, en marzo de 2002, los presidentes Quiroga y Lagos, definieron oficializar el inicio de las negociaciones sobre el tema de las exportaciones de gas, con el fin de «examinar las medidas necesarias para otorgar las mayores facilidades que posibiliten la exportación de gas boliviano y sus derivados hacia terceros países por un puerto de la costa de Chile».

IV. EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS MANANTIALES DEL SILALA

1. Antecedentes y contexto.-

Las aguas manantiales del Silala se encuentran ubicadas cerca de la frontera con Chile, en el cantón Quetena, provincia Sur Lípez, del departamento de Potosí, aproximadamente a 4.280 metros sobre el nivel del mar, entre los hitos LXXIII y LXXIV de la línea fronteriza entre Bolivia y Chile.

En la zona se hallan dispersos alrededor de 90 manantiales o afloramientos de agua subterránea. No existen indicios de escurrimientos de agua en forma natural, como para configurar un curso equiparable a un río. Se trata de una zona árida, semidesértica y prácticamente despoblada. La precipitación pluvial en esta región es bastante reducida. Los suelos son altamente permeables porque están conformados por rocas de origen volcánico.

En 1908, la Prefectura de Potosí otorgó una concesión a título gratuito y sin plazo de vencimiento para usar las aguas de las vertientes del Siloli (Silala) a la empresa The Antofagasta (Chili) & Bolivian Railway Co. Ltd. (FCAB), con el objeto de alimentar las locomotoras de vapor de la empresa beneficiaria. Sin embargo, las locomotoras a vapor fueron reemplazadas en los años 60 por locomotoras a diesel, por lo que la concesión dejó de cumplir el propósito para el cual fue otorgada originalmente

El Gobierno nacional comenzó en 1996 a tomar las medidas necesarias para reafirmar la soberanía nacional sobre las manantiales del Silala, que son parte inalienable del dominio público del Estado Boliviano.

En mayo de ese mismo año, dos Comisiones, conformadas por Ministros de Estado y por miembros del Senado Nacional, comprobaron en el área que el FCAB había realizado obras de canalización y captación de las aguas manantiales del Silala, pero que el cauce artificial no había sido desviado hacia otra cuenca o subcuenca.

La Prefectura de Potosí procedió a revocar en 1997, en un acto de pleno ejercicio de nuestra soberanía, la concesión otorgada al FCAB en 1908 y el Gobierno de Bolivia elevó poco después la Resolución Administrativa de la Prefectura de Potosí a rango de Decreto Supremo.

En abril de 1999, el Gobierno boliviano comunicó al FCAB la decisión de revocar y anular la concesión y consiguiente adjudicación de aguas de las vertientes del Silala y le otorgó un plazo de sesenta días para abstenerse de continuar con el uso y aprovechamiento de esas aguas manantiales.

En agosto de 1999, el Gobierno boliviano encomendó a la Superintendencia de Aguas (posteriormente denominada Superintendencia de Saneamiento Básico) llamar a una licitación pública para otorgar nuevamente en concesión el uso y aprovechamiento de las aguas de los manantiales de Silala. En el mismo Decreto se determinó que los ingresos generados por esta concesión beneficien en su totalidad al Departamento de Potosí.

Finalmente, en abril de 2000, la Superintendencia adjudicó la concesión a la empresa DUCTEC SRL.

Sin embargo, el Gobierno de Chile puso en entredicho todo el proceso de licitación, por cuanto no se habrían reconocido los supuestos derechos e intereses de ese país, ya que, de acuerdo a su posición, las aguas manantiales del Silala configurarían un río internacional de curso sucesivo y, por lo tanto, serían un recurso hídrico natural compartido.

El gobierno boliviano sostuvo, por su parte, que las aguas manantiales del Silala se encuentran íntegramente en territorio boliviano y son conducidas hacia territorio chileno mediante obras artificiales, que no constituyen un río internacional de curso sucesivo.

Entretanto, la empresa DUCTEC no pudo hacer efectivo el cobro por el uso y el aprovechamiento de las aguas del Silala por parte de las empresas chilenas, las cuales, dando cumplimiento a una instrucción del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, se abstuvieron de hacer los pagos correspondientes por el uso del agua, por lo que siguen utilizando indebidamente ese recurso.

Posteriormente, los Gobiernos de Bolivia y Chile, en el marco del Diálogo sin exclusiones, iniciado en Algarbe en febrero de 2000, determinaron realizar reuniones de intercambio de información técnica e incluso efectuar un vuelo aerofotogramétrico con el fin de estudiar y contar con mayor información de los recursos hídricos de la zona del Silala y así facilitar en el futuro una posible discusión sobre el tema.

Por otra parte, con el propósito de ordenar la información y poder contar con un estudio científico más pormenorizado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en junio de 2000, solicitó a SERGEOMIN, institución pública descentralizada del Viceministerio de Minería y Metalurgia, que realizara una investigación integral sobre aspectos geológicos, geomorfológicos, hidrogeológicos e hidrológicos en el área del Silala.

Los resultados de estos estudios preliminares, que son de exclusiva responsabilidad de SERGEOMIN, han convalidado lo sostenido por el Gobierno de Bolivia respecto a la definición de las aguas manantiales del Silala.

En un Comunicado de Prensa de febrero de 2002, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto señaló, entre otras cosas, la necesidad de que el asunto del Silala fuera entendido y manejado como Política de Estado, reflejando de este modo los intereses de toda la Nación.

El Comunicado indicaba además que un posible curso de acción era disponer el cierre del flujo de las aguas manantiales del Silala, canalizadas por procedimientos artificiales hacia Chile, y que otro era recurrir a un procedimiento arbitral ante un Tribunal ad-hoc y/o ante la Corte Internacional de Justicia.

2. Hacia la definición de una Política.-

Con el propósito de establecer una adecuada coordinación de acciones y asegurar la continuidad de las políticas a seguir con respecto a las aguas manantiales del Silala, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ha ido desarrollando un proceso de contactos y consultas con el Honorable Congreso Nacional, a través de las Comisiones de Política Exterior de las Cámaras de Senadores y de Diputados, sin que ello signifique, evidentemente, que la Cancillería renuncie a sus responsabilidades de elaboración y ejecución de la Política Exterior.

Todo ello permitirá establecer con claridad una verdadera Política de Estado sobre la materia, que deberá tener como primer objetivo reafirmar el ejercicio de la soberanía nacional sobre las aguas manantiales del Silala, así como preservar, conservar y asegurar el uso racional y sostenible de los recursos hídricos existentes en el área. De este modo se podrá, además, sentar un precedente para el adecuado uso y aprovechamiento de otras cuencas hidrográficas del país e incluso para una posible exportación de aguas.

3. Acciones por desarrollar.-

En todo caso, el país tendrá que tomar una determinación sobre cuál debe ser el curso a seguir en el caso del Silala. Una primera opción es la acción unilateral, como ya ha señalado la Cancillería en su Comunicado del 26 de febrero de 2002. Para ello, podría procederse al cierre temporal del flujo de las aguas canalizadas por procedimientos artificiales hacia Chile en tanto no se llegue a un acuerdo sobre el pago correspondiente por parte de las empresas usuarias chilenas. Esta determinación podría tener consecuencias imprevisibles sobre el recurso mismo de las aguas manantiales e incluso sobre el flujo o desbordamiento de estas aguas. Eventualmente, en el escenario diplomático, esta opción podría interpretarse como un acto inamistoso en la comunidad hemisférica.

Salvo que existieran nuevos elementos de juicio, es poco probable que pudiera establecerse una negociación directa entre los dos países, ya que ambas partes han mantenido inalterada su posición desde que en 1999 se iniciara el proceso de intercambio de Notas Verbales sobre el tema del uso y aprovechamiento de las aguas del Silala.

Las reuniones de intercambio de información técnica de delegaciones de Bolivia y de Chile llevadas a cabo en el año 2000, primero en Santa Cruz de la Sierra, posteriormente en la propia zona del Silala y finalmente en Santiago de Chile, demuestran que será muy difícil encontrar una solución aceptable para ambos países mediante una negociación directa.

No debería descartarse, en todo caso, la posibilidad, hasta ahora no demostrada, de que los dos países pudieran encontrar una solución negociada directa por la vía diplomática.

4. Recomendaciones.-

Sería recomendable que ambos países recurran a un tercero. Si se opta por los buenos oficios, la mediación, la conciliación o la investigación, debe tomarse en cuenta que el tercero no tiene facultad para resolver la diferencia. Sin embargo, la participación de un tercero facilitaría cualquier posible negociación entre las partes -en el caso de los buenos oficios- o permitiría la búsqueda de una solución mediante el requerimiento al mediador de la formulación de una propuesta de solución a ser presentada a las partes -en los casos de la mediación y la conciliación. La aceptación de la propuesta tiene un carácter moral, pero no es obligatoria.

Si, en cambio, como parece ser más aconsejable, se apela ya sea al arbitraje o bien al recurso judicial, el árbitro o el tribunal tendrán la competencia de decidir la controversia. Por consiguiente, el laudo arbitral o la sentencia del tribunal serán obligatorios para los dos países.

En el caso del arbitraje, la controversia tendría que ser sometida a la decisión de un Tribunal ad-hoc, establecido para conocer y decidir sobre el caso concreto del Silala.

En este sentido, debe recordarse que Bolivia y Chile son signatarios del Protocolo sobre Solución Pacífica de las Controversias, suscrito en el ámbito de la OEA, el cual tiene previsto el arbitraje como un medio de solución de controversias. Empero, Bolivia aún no ha ratificado este instrumento.

Dado que no existe un tratado general de arbitraje entre Bolivia y Chile, ambos países pueden recurrir también, de común acuerdo, a un recurso judicial ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, tribunal permanente que goza del mayor prestigio mundial y de la confianza de las dos partes. Si se opta por la solución judicial ante la Corte Internacional de Justicia, es suficiente un «acuerdo» previo entre los dos Estados.

Ni Bolivia ni Chile pueden recurrir unilateralmente ante la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia sobre el caso de las aguas manantiales del Silala, puesto que ninguno de los dos países ha declarado expresamente su sometimiento obligatorio a la jurisdicción de la Corte.

Todo ello nos permite concluir que lo más prudente sería iniciar un proceso de conversaciones con Chile, a fin de determinar cuál sistema de resolución de controversias a través de la intervención de un tercero sería el más rápido y efectivo para dar fin al caso de las aguas manantiales del Silala. La mediación de un tercero tendría el inconveniente de que no obliga a las partes. En cambio, el laudo arbitral o la sentencia de un tribunal ad-hoc tendría efecto forzoso.

Debe considerarse, en todo caso, que recurrir a un árbitro o a cualquier tribunal internacional tiene un costo y puede tomar un tiempo indeterminado.

Finalmente, habrá de tomarse una decisión sobre el objeto mismo del arbitraje. En principio, el laudo deberá establecer la naturaleza de las aguas, vale decir, si son manantiales que se encuentran íntegramente en territorio boliviano, como sostiene Bolivia, o si, como señala Chile, conforman un río de curso internacional. Por lo demás, si el Tribunal llegara a considerar que se trata de un recurso compartido, habría que determinar qué porcentaje del recurso corresponde a cada una de las partes. También deberá definirse el mecanismo para el pago por el uso y el aprovechamiento de las aguas y, finalmente, será necesario concluir si corresponde o no el pago retroactivo por el uso indiscriminado de las aguas luego de que en 1997 fuera revocada la concesión otorgada en 1908 a la empresa The Antofagasta (Chili) & Bolivian Railway Co. Ltd. (FCAB).

Dado que éste es un asunto de competencia internacional, deberá ser la Cancillería de la República la que tenga la responsabilidad última sobre el manejo de las negociaciones previas a la intervención de un tercero y sobre el proceso mismo del arbitraje.

V. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN

1. Antecedentes y contexto.-

Desde inicios de la década pasada, en la región y el hemisferio se vivió una dinámica de regionalismo e integración inédita. Algunos hitos fueron la incorporación del regionalismo en las políticas comerciales de los EE.UU. a partir de la suscripción del TLCNA, una nueva fase de cooperación e integración con la aplicación del modelo de regionalismo abierto en Sudamérica y el proyecto para conformar un Área de Libre Comercio en las Américas (ALCA).

De particular significación fue que en Sudamérica, en la nueva dinámica de regionalismo abierto, se lograran avances muy significativos como el nuevo diseño estratégico del Grupo Andino, que modifica sus procesos de liberalización restringida, comercio dirigido y planificación industrial hacia procesos de liberalización de todo el comercio, en plazos cortos y con una amplia apertura, de manera que logra perfeccionar la Zona de Libre Comercio Andina en escasos tres años, de 1989 a 1992, asumiendo desde entonces el desafío para una Unión Aduanera en proceso de perfeccionamiento.

El MERCOSUR, por su parte, logró en 1994 completar la Zona de Libre Comercio y asumir el reto de una Unión Aduanera, casi ya totalmente definida. La experiencia de Chile, que no participa de ninguno de los mencionados acuerdos subregionales, es también interesante, pues suscribió acuerdos de comercio preferencial con todos los demás países de Sudamérica.

Este proceso integracionista tiene logros destacados, como la ampliación significativa de los flujos comerciales dentro de los esquemas de integración, tanto en la Comunidad Andina, como en el MERCOSUR; el fluido diálogo político con un espíritu sudamericanista, que se desarrolla en frecuentes encuentros entre los primeros mandatarios para tratar los problemas regionales y buscar soluciones cooperativas; y la conformación de un Espacio Económico Integrado en Sudamérica, resultado de la convergencia entre la CAN y el MERCOSUR más Chile.

La propuesta de los EE.UU. a los democracias americanas para la conformación del ALCA y el inicio de las negociaciones en 1995 tuvieron un efecto revulsivo sobre los procesos sudamericanos, ya que tuvieron que afrontar el inicio de una negociación de importantes consecuencias y articular las modalidades de su participación en ella. Los casi ocho años que lleva esta negociación han dejado importantes experiencias, pero todavía no nos permiten ver con claridad la modalidad concreta que asumirá el ALCA y las consecuencias que tendrá sobre los procesos de integración en Sudamérica. Para algunos, el lento trámite de las negociaciones y el resurgimiento en los EE.UU. de tendencias proteccionistas, hacen pensar en un posible estancamiento. De todas maneras, otros sostienen que la mejor forma de participar sería desarrollando una previa o simultanea y más profunda integración sudamericana, que permita lograr un mayor poder de negociación, respondiendo de mejor manera a las asimetrías y contar con una «póliza de seguro» ante un eventual estancamiento o fracaso de las negociaciones del ALCA. Otros conciben al proceso como una carrera por lograr entendimientos bilaterales o minilaterales con los EE.UU., obteniendo ventajas frente a los demás países, jugando a una relación bilateral privilegiada con ese país.

En Bolivia, el balance de haber participado activamente en los procesos de integración es muy favorable, principalmente porque mediante esa participación se logró una diversificación de las exportaciones, desarrollando las exportaciones no tradicionales. Asimismo, permitió avanzar en el propósito de asumir una función unificadora y articuladora en la conformación del Espacio Económico Integrado, dotando a su posición geográfica de verdadero sentido geopolítico y geoeconómico. A ese cometido ayudó mantener junto con la membresía en la CAN, una asociación de Libre Comercio con el MERCOSUR, posicionando muy adecuadamente a nuestro país como elemento de articulación y unión entre ambos grupos. Asimismo, juega a favor de ese rol el descubrimiento de inmensas reservas de gas en el sur de Bolivia, que permiten al país obtener una posición central en el proceso de integración energética en la región y en la integración física y de las comunicaciones, que empieza a desarrollarse entre todos los países sudamericanos, a partir de la Iniciativa para la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA).

Los efectos de la crisis económica internacional sobre el proceso integrador sudamericano han sido claramente negativos, ya que han motivado la aplicación de políticas de restricción del comercio entre los países asociados. Sin embargo, la observación de los flujos comerciales muestra que, después de la contracción iniciada en 1998, el comercio entre socios se ha recuperado, mientras las exportaciones hacia mercados extra regionales tienen un crecimiento lento o continúan en descenso; es decir, el comercio intrarregional en Sudamérica tiene un efecto más favorable para la recuperación económica o para resistir los shocks externos de contracción del mercado internacional. Además, en el comercio intra sudamericano se observa un peso mayor de las exportaciones de manufacturas, elemento muy importante en las estrategias de desarrollo.

2. Objetivo de la Política.-

En ese contexto, se debe comprender que la política de integración es para Bolivia mucho más que un instrumento exclusivo de la política comercial y de promoción de exportaciones. Se liga directamente con el cumplimiento de los propósitos de la política exterior de mejorar los términos de la inserción externa del país, además de ser un instrumento para lograr el crecimiento de las exportaciones y para el desarrollo económico del país.

El planteamiento básico es que una mejor inserción de Bolivia en la región y el mundo será el resultado de desempeñar efectivamente la función de país articulador y de unión en el proceso de conformación del espacio sudamericano integrado, emergente de los procesos de regionalismo e integración que vienen ocurriendo en la región, en los ámbitos comercial, energético y de desarrollo de una infraestructura para la integración.

El Presidente de la República, en su discurso de posesión, el 7 de agosto de 2001, consideraba que en el presente Bolivia, por ser cabecera de las grandes cuencas sudamericanas, es un país de contactos, nudo energético del continente y el centro de los corredores interoceánicos, y que por ello «tiene la oportunidad de convertirse en el verdadero corazón de Sudamérica, y nuestra política internacional debe estar orientada a ese objetivo».

3. Avances a la fecha.-

Las acciones externas en el área de las relaciones económicas internacionales y la integración estuvieron concentradas en: i) el desempeño de la función de Presidencia Pro Témpore de la Comunidad Andina por el periodo junio 2001 – junio 2002, ii) los esfuerzos por lograr la renovación y ampliación de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, iii) encarar las negociaciones en curso para la conformación del Área de Libre Comercio de las Américas y la nueva ronda de negociaciones de la OMC, y iv) los procesos integradores de la región como el MERCOSUR y los mecanismos de integración física.

En el tema de la integración regional, el empeño por darle al proceso de integración de la Comunidad Andina un nuevo dinamismo marcó el accionar desde junio de 2001, cuando nuestro país asumió de la Presidencia Pro- Témpore de la CAN. El evento político más destacado en este proceso fue la realización, en Santa Cruz de la Sierra, del Consejo Presidencial Andino, ocasión en la que los presidentes coincidieron en la necesidad de dar un nuevo impulso a la integración andina, por lo que se comprometieron a implementar: i) el Arancel Externo Común, que cuenta con niveles de 0, 5, 10 y 20 %, hasta fines de 2003, donde Bolivia queda autorizada a no aplicar el nivel superior, ii) adoptar una Política Agropecuaria Común Andina, con mecanismos de estabilización de precios agrícolas, iii) armonizar las política macroeconómicas en un plazo de dos años y iv) fortalecer la posición conjunta en los diferentes esquemas de integración y negociación comercial..

La profundización de la crisis económica Argentina puso de manifiesto los peligros del contagio y el exacerbamiento de las restricciones para el acceso de los productos bolivianos al MERCOSUR. Al respecto, la agenda de la integración del MERCOSUR se vio debilitada, lo que afectó a nuestra relación especial con el bloque. La II Reunión Extraordinaria del Consejo del Mercado Común, realizada el 18 de febrero de 2001, contó con la asistencia de los presidentes de MERCOSUR, Bolivia y Chile y fue ocasión para manifestar la solidaridad y disposición para continuar con el proceso de integración. En particular, los presidentes se comprometieron a avanzar en la coordinación macroeconómica y a mantener economías abiertas y competitivas y, entre otros aspectos, reafirmaron su interés en concluir las negociaciones MERCOSUR – Comunidad Andina.

La participación del país en las negociaciones para el Área de Libre Comercio de las Américas estuvo caracterizada, fundamentalmente, por la labor de vocería andina, que Bolivia desempeñó en tanto Presidencia Pro – Témpore de la CAN. Esto implicaba promover la concertación de posiciones entre los países miembros, frente al proceso negociador del ALCA. Bolivia también ocupó la Presidencia del Grupo Consultivo sobre Economías Más Pequeñas y la Vicepresidencia del Grupo de Negociaciones sobre Inversiones, ámbitos en los que se plasmó una intensa y destacada actividad negociadora de parte de nuestras delegaciones.

Con la perspectiva de alcanzar a suscribir un Acuerdo de Libre Comercio entre Bolivia y Chile, ampliado hacia áreas y disciplinas de interés para Bolivia, los Presidentes Quiroga y Lagos, en reunión sostenida en Costa Rica, durante la Cumbre del Grupo de Río, de abril de 2002, manifestaron el interés mutuo por avanzar en la profundización del ACE 22 hacia una ZLC. El objetivo en las relaciones comerciales con Chile ha sido el de lograr una situación de mayor equilibrio comercial, a través del mejoramiento de las condiciones de acceso.

A objeto de conseguir la renovación y ampliación de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (LPAA), que se venció en diciembre de 2001, nuestro gobierno desplegó varias acciones de cabildeo, entre las que sobresalen las entrevistas entre los presidentes de Bolivia y Estados Unidos y las acciones de nuestro Canciller, en el marco bilateral y como cabeza del Consejo de Cancilleres de la CAN. El 16 de noviembre del 2001, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó el proyecto de ley para la renovación y ampliación de la LPAA. A su turno, el 23 de mayo de 2002 el Senado norteamericano aprobó la renovación de la misma, incluyendo la ampliación a textiles, bajo la modalidad de maquila. El proyecto aprobado en el Senado será sometido a un proceso de conciliación con el proyecto de la Cámara de Representantes, que incluye la exportación de textiles con arancel cero y fibra de origen, pero con cupos.

La Comunidad Andina de Naciones viene impulsando la negociación de un Acuerdo de Asociación de IV Generación con la Unión Europea. En la Cumbre de Madrid entre presidentes de América Latina y el Caribe con la Unión Europea, la CAN esperaba iniciar las negociaciones que concluyan en la suscripción del Acuerdo de IV Generación, proceso que ha quedado condicionado a las negociaciones abiertas en el marco de los acuerdos de la OMC en Doha.

4. Acciones por desarrollar.-

En la Comunidad Andina debe buscarse una definición del AEC, la concreción de los compromisos de armonización de políticas macroeconómicas, la definición de una política agropecuaria común y mejoramiento de la coordinación en las negociaciones con terceros, en particular y lograr la ampliación del ATPA y un Acuerdo de libre comercio de IV generación con la Unión Europea.

En lo que se refiere al MERCOSUR, debe seguirse intentando una aceleración de los niveles de desgravación y la eliminación de cupos para productos exportables, buscar mecanismos para evitar la imposición de restricciones comerciales, como las salvaguardias y normas fitosanitarias. Para la convergencia CAN – MERCOSUR, es necesario plantear iniciativas en la negociación de una ZLC y la armonización de políticas macroeconómicas.

En el ALCA, debe continuarse con las negociaciones, desarrollando acciones para lograr un acuerdo que dé acceso efectivo al mercado norteamericano a los productos de exportación. Asimismo, tendrá que desarrollarse una mayor concertación andina y sudamericana y buscarse tratamientos preferenciales para las economías más pequeñas.

Con relación a los acuerdos bilaterales con Chile y México, debe impulsarse la realización de reuniones de evaluación para diseñar mecanismos que permitan disminuir los desequilibrios.

5. Recomendaciones.-

Se debe buscar la preservación del mercado para las exportaciones. En ese sentido, en la CAN, hay que exigir el cumplimiento de los compromisos en torno a los temas de acceso de mercados, definir una Política Agrícola Común y el Arancel Externo Común, que no implique la apertura en los sectores de exportación de Bolivia. Es previsible que en el futuro se pierda competitividad en el mercado andino, por preferencias otorgadas a otros competidores, por lo que es necesario buscar alternativas de mercado para la producción desplazada. En el MERCOSUR, es necesario evitar las prácticas comerciales proteccionistas y la competencia desleal. Lograr la ampliación de la LPAA con los Estados Unidos y el SGP con la Unión Europea.

La armonización de políticas macroeconómicas, en un contexto previsible de inestabilidad, debe ser prioritaria, para lo que convendría lograr los mayores avances posibles y obtener compromisos vinculantes, que generen un sistema de defensa regional y eviten la aplicación de restricciones comerciales en la CAN y el MERCOSUR.

En los acuerdos comerciales bilaterales, debería buscarse la forma de que los déficits de nuestro país sean atenuados. En el caso del ACE 22 con Chile, hay que negociar una ZLC con tratamientos especiales favorables. Con México, las acciones en el ámbito empresarial son más importantes, en tanto se observa el poco aprovechamiento de ese gran mercado, y la falta de iniciativas comerciales. En el mismo ámbito, debe lograrse la ampliación del ATPA y un Acuerdo de libre comercio con Europa pueden ser factores de éxito para ampliar exportaciones.

Finalmente, se debería impulsar y enriquecer la opción sudamericana, ya que es la más adecuada para el cumplimiento de los objetivos nacionales. Entre otras acciones recomendamos la participación activa en las futuras reuniones entre presidentes, la reactivación del mecanismo de diálogo para la integración sudamericana y el apoyo a las actividades inscritas en la IIRSA.

VI. DIPLOMACIA Y GAS NATURAL

1. Antecedentes y contexto.-

Bolivia es el segundo país con más reservas energéticas en Sudamérica después de Venezuela, pero el primero desde la perspectiva de las reservas libres, es decir de las reservas no asociadas con líquidos. En los últimos seis años, el país ha pasado de tener 5 trillones de pies cúbicos (TCF) a tener 52 TCF. Sin embargo, estas reservas no representan sino el 1% de las reservas mundiales. El gas es un producto barato y limpio, que respalda la conservación medioambiental y uno de los mejores sustitutos de los combustibles tradicionales.

El gas natural puede potenciar la importancia estratégica de Bolivia en la región y en el hemisferio occidental. Sin embargo, las reservas de gas natural no tienen ningún valor económico si no se monetizan y permanecen en el subsuelo. Por ello, la apertura de mercados para este hidrocarburo debe ser una parte central de la política exterior y la diplomacia boliviana en las próximas décadas. En la actualidad, Bolivia únicamente tiene el 12% de sus reservas comprometidas, mientras que el 88% restante carece de mercados.

El sector de los hidrocarburos es uno de los más atractivos para la inversión extranjera en Bolivia y una actividad productiva fundamentalmente privada, aunque hay un control y fiscalización estatal. Alrededor de diez compañías de talla mundial están operando en el país y más del ochenta por ciento de las reservas certificadas están en manos de empresas transnacionales.

2. Objetivo de la política.-

Las reservas de gas natural y líquidos descubiertos en Bolivia permiten pensar que el país se convertirá en el centro de provisión de gas natural en la región y en una potencia energética regional emergente.

Para los próximos años, Bolivia tiene tres desafíos principales. En primer lugar debe consolidar los mercados existentes; en segundo lugar, debe tratar de diversificar sus mercados de exportación; y, en tercer lugar, debe tratar de dotar de valor agregado a sus exportaciones de gas natural.

Desde la perspectiva de la política exterior, el gas natural no sólo es un componente importante en las relaciones con el Brasil, sino que también puede tener una creciente relevancia en las relaciones con Estados Unidos, y además puede permitirle al país tener mayor presencia en el Océano Pacífico y recuperar su cualidad marítima. En otras palabras, el gas natural y, en general, los hidrocarburos, están camino de convertirse en uno de los ejes temáticos centrales en las relaciones con algunos de los principales interlocutores internacionales que tiene el país.

3. Avances a la fecha.-

La integración energética junto con la integración física y la integración comercial son tres temas claves de la agenda internacional de Bolivia. A través de ellas, se está haciendo realidad el postulado geopolítico de «país de contactos», planteado por visionarios diplomáticos bolivianos en la década del 30 del siglo anterior. Por todo lo apuntado, el gas natural – un producto energético menos contaminante que otros y con enormes perspectivas comerciales- contribuirá al crecimiento, el desarrollo y la inserción internacional de Bolivia.

La economía boliviana fue sometida a un proceso de apertura, liberalización y desregulación desde mediados de la década de los 80. Las empresas públicas, y entre ellas YPFB, no fueron ajenas a este proceso. Antes, el Estado -a través de YPFB- se dedicaba a desarrollar actividades de exploración, explotación, producción, comercialización, transporte y exportación. No obstante, ahora el rol de YPFB se ha reducido y se circunscribe a labores de fiscalización o agregación del gas natural en operaciones de comercio exterior. Esto no quiere decir que el esfuerzo de exportar sea únicamente responsabilidad de las empresas transnacionales. El Estado boliviano sigue desempeñando un rol central en el proceso de apertura de mercados, en las negociaciones intergubernamentales y en la suscripción de instrumentos jurídicos internacionales. Por tanto, ciertos niveles de intervención gubernamental todavía son visibles, requeridos y necesarios.

En el ámbito jurídico-institucional, Bolivia tiene una ley de hidrocarburos y un moderno sistema de regulación sectorial que le ha permitido ser un país confiable para la inversión extranjera directa, con reglas de juego estables, y un sistema impositivo atractivo. El sector hidrocarburífero es uno de los sectores donde más ha penetrado el capital y las empresas transnacionales. Por otro lado, el país ha suscrito diversos instrumentos jurídicos internacionales en materia de integración energética y apertura de mercados para productos energéticos con Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú en los años 90

Asimismo, en las últimas décadas, Bolivia ha comenzado a desarrollar una red de oleoductos, gasoductos y poliductos con los países vecinos, que constituyen la base material de la idea de Bolivia como centro de producción y distribución de energía en el Cono Sur. Con Chile se cuenta con el oleoducto Sica Sica-Arica construido en la década de los 50; con la Argentina se cuenta con el gasoducto utilizado durante los 27 años de exportación de gas a dicho país y un pequeño ducto que nace en el pozo Madrejones y se interna en territorio argentino; con el Brasil se tiene el gasoducto Santa Cruz-San Pablo y el ramal que va hasta Cuiaba; y, finalmente, con el Perú se ha suscrito un acuerdo para la construcción del poliducto Cochabamba-Ilo, que servirá para transportar GLP -un producto derivado del gas natural que no está incluido en los acuerdos con el Brasil.

En 1999, Bolivia y Brasil inauguraron oficialmente el gasoducto que une a ambos países. Es el gasoducto de mayor capacidad construido en América Latina y una obra de ingeniería desarrollada con tecnología de punta. A partir de esta obra de infraestructura física se ha consolidado la asociación estratégica entre Bolivia y Brasil, que además se fortalecerá con la construcción de la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez y con la instalación de las plantas termoeléctricas de Puerto Suárez y Corumbá, luego de la conexión del ducto a Cuiabá.

En los últimos años, los dos sectores que han contribuido más a la economía boliviana han sido el energético y el de telecomunicaciones. Desde que comenzó a construirse el gasoducto al Brasil el sector hidrocarburos ha sido un sector crucial para explicar el crecimiento de la economía boliviana. Por otra parte, a través del proceso de capitalización y los contratos de riesgo compartido suscritos por YPFB, el sector ha absorbido significativos montos de inversión extranjera directa, tanto para exploración como para explotación. Se espera que este escenario no se modifique sustancialmente en los próximos años, aunque el énfasis estará puesto en la explotación y en búsqueda de nuevos mercados.

En el negocio de las exportaciones de gas, el país se beneficiará con algo más de un tercio del total obtenido. Básicamente, de lo que se está hablando es de regalías departamentales (11 % que, sobre todo, beneficiarían a Tarija), regalías nacionales compensatorias (1 %), Tesoro General de la Nación (6%), Impuesto a las Utilidades (25 % de las utilidades de las empresas, siempre que existan), el Surtax (que, por el momento, no se cobra) y el impuesto a la transferencia de las utilidades.

4. Acciones por desarrollar.-

Hasta ahora el único mercado para las exportaciones de gas natural de Bolivia es Brasil. No obstante, en vista de que se trata del principal mercado regional y se prevé un constante incremento de la demanda en los próximos años, parte del esfuerzo diplomático que se haga debe concentrarse en consolidar o ampliar los mercados existentes, aunque buscando un contrapeso a la creciente influencia de PETROBRAS en el país. Aparte de abastecer el gasoducto Santa Cruz-San Pablo en los próximos veinte años, Bolivia debe preocuparse de sus compromisos de exportación a Cuiabá, a la Argentina (Madrejones) y del reducido mercado interno.

En lo que respecta a nuevos mercados, parece importante recordar la excesiva y negativa dependencia económica que tuvo Bolivia a fines de los años 80 respecto de un solo mercado. Esta situación se debió a que la Argentina era el único país que compraba las exportaciones de gas nacionales. Esto provocó retrasos en los pagos, problemas internos y roces diplomáticos. Por tanto, guiándonos por esa experiencia, para el país es importante diversificar mercados para sus productos energéticos. Bolivia no debería depender exclusivamente de un mercado como el brasileño, sino buscar nuevos mercados en países vecinos como Argentina o Chile o en Norteamérica. Las reservas actuales permiten pensar en todos los proyectos que están en carpeta y algunos más.

El país también debe promover los proyectos que impliquen agregación de valor. El negocio del gas natural es intensivo en capital y no en mano de obra. Por tanto, la exportación de materia prima no resuelve el problema de empleo en el país. Además, la exportación de productos con valor agregado, en este caso energía termoeléctrica, puede incrementar de manera sustantiva los ingresos que obtenga el país. Otros proyectos que deben ser mejor estudiados son la petroquímica, la siderurgia, la producción de fertilizantes, el GTL y otros. Si el país simplemente vende gas natural y no productos con valor agregado, se perpetuará el modelo de exportación de materias primas. Finalmente, en el plano interno, debe tratar de masificarse el uso del gas natural para el consumo familiar, industrial y comercial.

Por su ubicación geográfica, alejada de los más importantes conflictos internacionales contemporáneos, Bolivia puede convertirse en una fuente confiable y segura de provisión de gas natural de la costa oeste de los Estados Unidos. El gas, los textiles y los cueros se convierten así en tres productos claves para el futuro intercambio comercial con los Estados Unidos.

Bolivia puede convertirse en un proveedor de gas y energía de los principales centros industriales del Cono Sur. Aparte de estar abasteciendo a San Pablo, el corazón industrial de Sudamérica, el país tiene posibilidades de contribuir con gas natural, GLP y energía hidro y termoeléctrica al abastecimiento del centro oeste del Brasil, el norte de la Argentina, el Norte de Chile, el Sur del Perú y el Chaco paraguayo. Las exportaciones de gas al Brasil contribuirán a cambiar el sentido del intercambio comercial con el vecino país y, posteriormente, inclusive con todo el MERCOSUR.

El gas natural también puede permitirle a Bolivia tener mayor presencia y gravitación en el Pacífico. En efecto, a partir del Proyecto Pacific LNG, que en la actualidad se negocia con los gobiernos de Perú y Chile, se puede pensar en fórmulas imaginativas para buscar la recuperación de la cualidad marítima. Desde esta perspectiva, el proyecto de exportación de gas natural al mercado de México y Estados Unidos es una opción central del desarrollo económico y social de Bolivia en las próximas décadas.

En diciembre de 2001, en presencia del presidente de la República de Bolivia, Ing. Jorge Quiroga Ramírez, se suscribió en Washington un Memorándum de Entendimiento entre Sempra Energy y Pacific LNG, el consorcio integrado por REPSOL YPF, British Gas y Pan American Energy LLC, en el que se acuerdan las condiciones para el suministro de un volumen promedio de 800 millones de pies cúbicos diarios de gas natural boliviano, para una planta de regasificación en la costa del Pacífico, que operarán conjuntamente Sempra Energy y CMS Energy Corporation, para el abastecimiento del mercado del sudoeste de los Estados Unidos. Los acuerdos comerciales entre las partes y las aprobaciones gubernamentales deberán quedar completadas en el primer semestre de 2002. También se podría suscribir otro documento entre las empresas involucradas para el abastecimiento del mercado de México, por un volumen adicional estimado de 400 millones de pies cúbicos diarios.

En lo que respecta a las negociaciones con los gobiernos de las Repúblicas de Perú y Chile, se ha enfatizado que el Proyecto Pacific LNG implica un gasoducto de 42 pulgadas, un poliducto de 18 pulgadas, un espacio de 70 mts. para derecho de paso, dos terminales marítimos (uno para el LNG y el otro para los líquidos), un terreno de 600 Has. para la planta de licuefacción y 400 Has. para el complejo petroquímico, un puerto con una profundidad mínima de 16 mts., una rada de 800 mts. de diámetro y un mínimo de 20 mts. de altura para defensa ante tsunamis. Además, los requerimientos bolivianos para los países vecinos con costas sobre el Pacífico pasan por el establecimiento de una Zona Económica Especial (Z.E.E), la otorgación de un régimen de libre tránsito, la entrega de un terminal marítimo en la Z.E.E. y un régimen administrativo, tributario y laboral boliviano para la construcción, operación y funcionamiento del gasoducto, la planta de licuefacción y el terminal marítimo.

5. Recomendaciones.-

La apertura de mercados para los productos energéticos y los hidrocarburos debe ser una parte central de la política exterior y la diplomacia boliviana en las próximas décadas. Las condiciones de venta, los mercados de destino y de tránsito, el margen de movimiento y acción de las transnacionales o el rol del Estado en este negocio, son factores que deben ser adecuadamente consensuados en el marco del sistema político y formar parte de una política de Estado.

Considerando que el negocio del gas será el más importante del país en la primera mitad del siglo XXI, la participación del Estado boliviano en el sector hidrocarburos debe ser estratégica. La venta de gas natural a mercados externos debe ser un negocio rentable y constituirse en un factor dinamizador del crecimiento y el desarrollo bolivianos, permitiendo la obtención de beneficios justos y equitativos.

En el ámbito de las relaciones económicas internacionales, Bolivia puede utilizar sus reservas de gas natural y líquidos para diversificar su agenda con los Estados Unidos, fortalecer sus relaciones con los países del Cono Sur y tener mayor presencia y gravitación en el Pacífico.

En los próximos años, será necesario traducir en términos diplomáticos el mayor tamaño relativo de la economía boliviana y su mayor importancia estratégica. A través del gas natural, Bolivia está en los albores de una nueva era de mayor influencia y gravitación regional y hemisférica. El gas es nuestra promesa de un futuro mejor.

VII. SEGURIDAD Y NARCOTRÁFICO

1. Antecedentes y contexto.-

Después de los ataques terroristas contra la Torres Gemelas y el Pentágono, en Estados Unidos, producidos el 11 de septiembre de 2001, el tema del terrorismo y el de la seguridad internacional han adquirido nuevos ribetes y un creciente interés y protagonismo en la agenda internacional. Por lo demás, el año 2001, los ataques terroristas causaron un número de víctimas sin precedentes en la historia de la humanidad.

El terrorismo puede definirse como la ejecución de actos de violencia para amedrentar a ciertos actores sociales o a una población determinada o para desorganizar una estructura social, económica o política. El terrorismo suele expresar con amargura las frustraciones de ciertos sectores de la población y usa la táctica del terror psicológico para alcanzar sus objetivos. El propósito es causar miedo para obtener fines políticos. Los actos terroristas del 11 de septiembre y el clima de inseguridad que generaron tuvieron efectos altamente perjudiciales para el comercio internacional, la industria del turismo y los flujos de capital. Mientras en los países desarrollados crecía el miedo y la incertidumbre, en los países en desarrollo continuaban predominando la desesperanza y la pobreza.

En opinión del gobierno boliviano, el terrorismo se incuba en el narcotráfico y se alimenta de él. Además, alrededor del mundo, el tráfico ilegal de drogas se ha convertido en el motor financiero que alimenta a muchas organizaciones terroristas.

En la lucha contra el narcotráfico están involucrados prácticamente todos los países de la comunidad internacional. Algunos son países productores de materia prima, mientras que otros la transforman, la distribuyen o la consumen. Algunos son países de tránsito, mientras que otros enfrentan fenómenos asociados a la lucha contra las drogas, como la guerrilla, el terrorismo, el crimen organizado, el contrabando, el tráfico de armas o el blanqueo de dinero. Esta situación demuestra las múltiples dimensiones del problema y los diferentes efectos políticos, económicos y sociales que puede causar el narcotráfico.

En los últimos años, el narcotráfico se ha percibido como una verdadera amenaza a la seguridad interna de los países, debido a sus perniciosos efectos sobre la salud, la familia, el aumento de la delincuencia, la estabilidad de las instituciones democráticas y el ostensible incremento de la violencia.

El proceso de erradicación de cultivos de coca en Bolivia se inició en 1988, con la promulgación de la Ley 1008 y los Decretos Reglamentarios para eliminar las plantaciones de coca ilegal y sentar las bases para un desarrollo socio-económico de las zonas cocaleras. Sin embargo, hasta 1997 no hubo una reducción sustancial de coca ilegal en el país, por lo que la elaboración de la cocaína y las actividades delincuenciales de las redes locales de traficantes de drogas continuaron, constituyendo un grave problema para los países consumidores y un ostensible deterioro de la imagen para Bolivia y los bolivianos que pasaron a la categoría de sospechosos en el ámbito mundial. Además, recientes investigaciones sugieren que, en los últimos años, Bolivia se ha vuelto cada vez más importante como país de tránsito, principalmente para la pasta base de cocaína de origen peruano.

Hasta 1997, Bolivia era el segundo país productor de coca/cocaína en el mundo, sin embargo, en la actualidad, la producción ilegal de coca se ha reducido en más de un 90 %, lo cual convierte al país en un referente internacional en la lucha contra el narcotráfico. Además se ha avanzado en el desarrollo de cultivos alternativos que, en la actualidad, abarcan 120.000 hectáreas. El objetivo de sacar a Bolivia del circuito coca-cocaína tuvo una enorme legitimidad al sustentarse en un Diálogo Nacional, donde participaron diversos actores sociales y políticos.

2. Objetivo de la política.-

El objetivo de la política contra el terrorismo es combatir este flagelo en todas sus formas y manifestaciones, de conformidad con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas y con pleno respeto a la ley, los derechos humanos y a las instituciones democráticas, así como reforzar los mecanismos de cooperación política, legal, financiera y operativa relativos a la lucha contra el terrorismo, participando en todos los convenios internacionales sobre la materia y haciendo un permanente seguimiento de los mismos.

Además, la política contra el terrorismo está dirigida a luchar contra el uso de las drogas ilícitas y sus delitos conexos, la corrupción y la delincuencia organizada, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de inteligencia, información y coordinación a nivel internacional, el combate contra las fuentes de financiación de la producción y el tráfico de drogas y la prevención de su utilización para financiar el terrorismo y las actividades delictivas.

En el marco del principio de responsabilidad compartida, se pretende sustituir la economía de la coca y fomentar el desarrollo alternativo, incorporar a miles de familias bolivianas a actividades lícitas, continuar eliminando la coca ilegal, aunque respetando el consumo tradicional, buscar mercados para los productos alternativos y reducir el consumo interno de drogas.

3. Avances hasta la fecha.-

Ante los ataques perpetrados en territorio de los Estados Unidos de América el 11 de septiembre de 2001, el gobierno de Bolivia se solidarizó con el pueblo y el gobierno norteamericanos, expresando su solidaridad, particularmente con las familias de las víctimas de este abominable crimen. Condenó, asimismo, junto con otros gobiernos del mundo, los ataques terroristas, y exhortó a todos los Estados a llevar a cabo acciones para someter a la justicia a los autores, organizadores y patrocinadores de estos actos y a redoblar sus esfuerzos para prevenir y reprimir los actos terroristas.

A partir de ese momento, la política exterior de Bolivia incorporó en su agenda el tema de la lucha contra el terrorismo y asumió una serie de medidas condenatorias y preventivas contra las acciones terroristas, vinculándolas con el narcotráfico. En el campo financiero se hicieron esfuerzos para evitar que personas vinculadas con grupos y organizaciones terroristas internacionales puedan acceder a recursos económicos, cuentas bancarias o realicen operaciones de lavado de dinero en el país.

La posición de Bolivia se reflejó tanto en las esferas bilateral como multilateral y, en ese contexto, se apoyaron las resoluciones de condena contra todas las formas y manifestaciones terroristas, en las diferentes Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno, reuniones de concertación política de grupos regionales y subregionales, tales como el Grupo de Río, la Comunidad Andina de Naciones y MERCOSUR, así como en las Declaraciones Conjuntas tanto a nivel Presidencial como Ministerial.

Asimismo, se respaldaron las acciones que el gobierno de los Estados Unidos emprendió contra objetivos militares en Afganistán, con el propósito de desarticular la red del terrorismo internacional, en ejercicio del derecho a la legítima defensa, individual y colectiva, consagrado en el Artículo 51 de la Carta de la ONU, así como en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y la Carta de la OEA, a escala regional. Bolivia ve con enorme preocupación que numerosos Estados de la comunidad internacional sean demasiado débiles para controlar su territorio y, en consecuencia, se hayan convertido en una base y un asilo para la criminalidad internacional y las redes terroristas.

Por otra parte, el gobierno de Bolivia expresó su respaldo a los esfuerzos de la comunidad internacional, dando cumplimiento a las resoluciones 1368 (2001), 1373 (2001) y 1377 (2001) del Consejo de Seguridad y 56/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, respectivamente, así como a las Resoluciones RC23/1/01 y RC 24/RES. 1/01, adoptadas en la Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores, actuando como Órgano de Consulta del Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR) en el marco de la Organización de los Estados Americanos.

Finalmente, se debe resaltar que Bolivia, en el último año, ratificó todas las convenciones contra el terrorismo y sus diferentes manifestaciones, aprobadas por las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, y suscribió la Convención Interamericana contra el Terrorismo, adoptada el 3 de junio de 2002 en la XXXII Asamblea General de la OEA, realizada en Bridgetown (Barbados)

En lo que se refiere a la lucha contra el narcotráfico, cabe recordar que Bolivia es parte de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes de 1988, la Convención Unica de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por su Protocolo de 1972, y la Convención de las Naciones Unidas sobre Substancias Psicotrópicas de 1971. A nivel bilateral, Bolivia tiene suscritos varios instrumentos jurídicos internacionales para luchar contra el narcotráfico y, a nivel regional, forma parte del Mecanismo de Evaluación Multilateral de la OEA. Aparte de estos convenios internacionales, cabe poner de relieve que Bolivia y Estados Unidos firmaron un Tratado de Extradición en 1995 y que está en vigencia desde 1996.

En los últimos años, el gobierno nacional ha desarrollado exitosamente su Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico, que se basa en la erradicación, la interdicción, el desarrollo alternativo y la prevención, y ha intensificado su participación en diversos foros y organizaciones internacionales dedicados al tema. El esfuerzo desplegado ha sido meritorio pero también difícil. La sistemática desaparición de la coca ilegal y la lucha contra el contrabando significaron un impacto económico adverso y un alto costo social en Bolivia. El país desechó el dinero de la droga, que representaba alrededor de 600 millones de dólares anuales.

Pese a ello, los éxitos del Plan Dignidad en la erradicación de cultivos excedentarios de la hoja de coca han permitido mejorar la imagen internacional del país, han ratificado su compromiso con el esfuerzo de salir del circuito coca-cocaína, han legitimado su demanda de apertura de mercado en los países desarrollados y han convertido a Bolivia en un ejemplo y un referente dentro de la comunidad internacional en la lucha contra el narcotráfico.

4. Acciones por desarrollar.-

Aparte de contribuir al fortalecimiento de la cooperación hemisférica para prevenir, combatir o eliminar el terrorismo, Bolivia debe hacer un seguimiento permanente de los compromisos asumidos en el marco de la ONU, la OEA, la CAN, el MERCOSUR y el Grupo de Río, en los que se condenan los actos y actividades terroristas. Del mismo modo, el gobierno boliviano tiene que otorgarle mayor prioridad al trabajo del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la OEA y a la Convención Interamericana de Lucha contra el Terrorismo. Asimismo, también será necesario desarrollar mejores los mecanismos financieros para descubrir operaciones y actividades terroristas, así como más sofisticados sistemas de información e inteligencia con países vecinos donde se ha detectado la presencia de grupos terroristas, como Argentina, Chile, Paraguay y Perú.

El tema de la lucha contra el narcotráfico seguirá estando presente en la agenda con los países vecinos, Estados Unidos y la Unión Europea. En esa medida, debe desarrollarse una diplomacia que fomente las medidas de fomento de la confianza con los países vecinos y la cooperación judicial, militar y policial frente a las nuevas amenazas como el narcotráfico, el terrorismo y el crimen transnacional.

Los países desarrollados que propugnan una economía liberal y abierta, protegen, al mismo tiempo, sus industrias a través de aranceles altos, medidas para-arancelarias y subsidios que impiden que los productos de países como Bolivia puedan venderse en sus mercados. Al respecto, cabe recordar que, en el pasado, aunque la cocaína era muy dañina, nunca pagó aranceles y tenía un mercado asegurado. Por ello, es necesario que se realicen los esfuerzos diplomáticos indispensables para asegurar la apertura de los mercados de los países desarrollados y consolidar las reducciones arancelarias otorgadas a través de los Sistemas Generalizados de Preferencias (SGP) y la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA, por sus siglas en inglés).

La lucha contra el crimen transnacional también pasa por un proceso de fortalecimiento institucional en los tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En este sentido, es necesario realizar significativos esfuerzos para luchar contra la corrupción y la impunidad, recuperar la credibilidad en la Justicia, la Fiscalía y la Policía, así como crear mecanismos más eficaces de rendición de cuentas. A tono con las nuevas prioridades de la agenda internacional, se le debe dar mayor importancia al tema de la lucha contra la corrupción y a los instrumentos jurídicos internacionales suscritos en la materia, especialmente en el marco de la OEA. El tema de la lucha contra la corrupción se ha convertido en un tema doméstico. Bolivia tiene niveles intolerables de corrupción e impunidad, lo que causa un gran daño económico y socava la moral de los bolivianos.

5. Recomendaciones.-

El país debe cumplir los compromisos internacionales asumidos y hacer un seguimiento permanente de las acciones emprendidas para combatir el crimen transnacional, especialmente en temas como la lucha contra el terrorismo, la corrupción y el narcotráfico.

Bolivia debe adoptar, además, medidas eficaces para impedir que los grupos terroristas tengan capacidad de operar en su territorio; mejorar los controles fronterizos y los mecanismos de coordinación, inteligencia, información y prevención con los países vecinos; fortalecer las instancias de cooperación judicial, policial y militar para detectar actividades terroristas; suscribir o ratificar, en su caso, los principales acuerdos internacionales relativos a la lucha contra el terrorismo.

En el marco del principio de responsabilidad compartida, hay que combatir tanto la oferta como la demanda de drogas. La corresponsabilidad y la cooperación internacional son esenciales para enfrentar el flagelo del narcotráfico. En ese marco, el país debe continuar sus esfuerzos para salir del circuito coca-cocaína y evitar consolidarse como país de tránsito, preocuparse por reducir el consumo interno y apoyar, a nivel internacional, la consolidación del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) desarrollado por la OEA

El país debe tratar de mantener o ampliar el financiamiento integral para la lucha contra el narcotráfico y el desarrollo alternativo, de modo que los esfuerzos del país en materia de erradicación de coca ilegal y excedente sean sostenibles. Asimismo, considerando el alto costo socio-económico que ha significado la reducción de su producción de coca-cocaína, el país ha hecho sobrados méritos para pedir a los países desarrollados la apertura de sus mercados. Bolivia necesita ser recompensada por sus esfuerzos, logrando la apertura de los mercados de los países industrializados para los productos del desarrollo alternativo.

VIII. COMPROMISOS INTERNACIONALES

1.- Acciones por desarrollar.-

1.1. XIII Cumbre Iberoamericana, Bolivia, noviembre de 2003

Bolivia ha comprometido la fe del Estado boliviano para realizar la XIII Cumbre Iberoamericana en alguna ciudad del país, en noviembre del año 2003.

Durante la X Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Panamá en 2000, el entonces Presidente de la República, D. Hugo Banzer Suárez, propuso que la Cumbre correspondiente al año 2003 se llevara a cabo en nuestro país, ofrecimiento que fue aceptado por aclamación por los demás Jefes de Estado que participaron en dicha Reunión.

Posteriormente, en noviembre de 2001, al celebrarse la XI Cumbre Iberoamericana en Lima, Perú, se ratificó la propuesta nacional.

La XII Cumbre Iberoamericana se celebrará en Bábaro, República Dominicana en noviembre de este año.

En los primeros meses del año 2003, deberá procederse al traspaso por parte de República Dominicana de la Secretaría Pro Tempore de la Cumbre. A partir de entonces quedará en manos de nuestro país la responsabilidad de la organización de la Cumbre Iberoamericana, que deberá realizarse en noviembre de ese año. Además deberán realizarse tres reuniones de Coordinadores Nacionales y de Responsables de Cooperación de los países miembros.

Cabe mencionar también que la Secretaría Pro Tempore tiene bajo su responsabilidad la realización, en el transcurso del año 2003, de varias reuniones ministeriales de los países miembros de la Cumbre Iberoamericana, especialmente en las áreas de Justicia, Trabajo, Educación, Salud y Hacienda.

1.2. III Reunión de Presidentes de América del Sur, Bolivia, julio de 2004

Durante la II Reunión de Presidentes de América del Sur, que se celebrará en Guayaquil el 27 de julio de 2002, el Presidente de la República, Don Jorge Quiroga Ramírez, propondrá a los demás mandatarios de la región que la próxima Reunión presidencial, en el año 2004, se lleve a cabo en una ciudad boliviana.

Debe recordarse, por lo demás, que durante la primera Reunión, realizada en el año 2000, en Brasilia, Bolivia ya había ofrecido ser sede del encuentro que ahora se celebrará en Ecuador.

El importante evento de Guayaquil abarcará temas de verdadera importancia para la región, como la integración de infraestructura, la integración energética y

1.3. XXIII Reunión de Ministros de Agricultura del Grupo CAIRNS, Santa Cruz, septiembre de 2002

En la XXII Reunión del Grupo CAIRNS, efectuada en Punta del Este, Uruguay, del 3 al 5 de septiembre de 2001, el Ministro de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Lic. Walter Núñez, ofreció La ciudad de Santa Cruz de la Sierra como sede de la XXIII Reunión Ministerial, a efectuarse del 19 al 21 de octubre del presente año.

El objetivo central del Grupo CAIRNS es promocionar un comercio agrícola libre y sin distorsiones a causa de las subvenciones que algunos países realizan en el mundo.

El grupo CAIRNS está integrado por 18 países exportadores de productos agrícolas, cuya producción significa la mitad de las exportaciones agrícolas del mundo. Desde su creación en la ciudad australiana de CAIRNS en 1986, el grupo ha tenido éxito en incorporar el tema agrícola en la agenda comercial multilateral y mantenerla allí. Esto es en gran medida el resultado de los esfuerzos del grupo, en el marco establecido en la Ronda Uruguay, para la reforma en comercio agrícola que, por primera vez, incorporaba el tema a las normas de liberalización del comercio mundial, estableciendo el Acuerdo Agrícola en la OMC

Los miembros del grupo son: Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Fiji, Guatemala, Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda, Paraguay, Filipinas, África del Sur, Tailandia y Uruguay.

1.4. Reunión de Cancilleres del Tratado Amazónico, Bolivia, 2002.

El Ministerio de Relaciones y Culto debe organizar la reunión de Cancilleres de los ocho países amazónicos con el objeto de entregar la Secretaría Pro Tempore del Tratado a la Cancillería del Brasil, la que asumirá, desde ese momento, la Secretaría Permanente del Tratado.

Esta reunión deberá realizarse en el segundo semestre del año 2002 en alguna ciudad boliviana.