Tema 4

VII. DEFENSA DE LA SOCIEDAD

La C.P.E. establece como una de las funciones importantes del Estado, la defensa de la sociedad, asignada a dos de sus órganos. Esta función está entendida como la acción de amparo o protección de la sociedad  por parte del Estado en el marco de la Constitución.

VII.1 Dos órganos:

VII.1.1 El Ministerio Público, y

VII.1.2 El Defensor del Pueblo

 

VII.1.1 El Ministerio Público

 

a. Carácter: Es un órgano independiente en lo funcional y con autonomía organizativa al no ser parte dependiente de ninguno de los Poderes u órganos del Estado,  además de no ser un organismo jurisdiccional.

 

b. Funciones fundamentales:

 

Acción de la justicia.

Defensa de la legalidad.

Defensa de los intereses de la sociedad.

Defensa de los intereses del Estado.

 

c. El Ministerio Público se ejerce por:

 

Comisiones que designen las Cámaras Legislativas.

Fiscal General de la República.

Fiscal de Distrito.

Fiscal de Recursos.

Fiscal de Materia.

Fiscal Asistente.

 

d. Requisitos: Las mismas condiciones que para ser Ministro de la Suprema.

e. Designación del Fiscal General: Por el Congreso de la República, por dos tercios de sus miembros presentes.

f. Sede: Sucre.

g. Duración del Mandato: 10 años.

h. Reelección: Después de transcurrido un tiempo igual al que hubiese ejercido su mandato.

i. Destitución: Previa sentencia condenatoria, previa acusación en la Cámara de Diputados y juicio en única instancia en la Cámara de Senadores.

j. Rendición de cuentas: Ante el Poder Legislativo por lo menos una vez al año.

 

VII.1.2  DEFENSOR DEL PUEBLO

 

a. Origen: Es de origen escandinavo, Suecia donde “controla el respeto y cumplimiento de las leyes y otras disposiciones por parte de las autoridades y funcionarios del Estado y los municipios”.

b. Fundamento:

Por el excesivo crecimiento del Estado

Insuficiencia de los mecanismos de control tradicionales de los excesos de los diferentes órganos del Estado.

 

c. Carácter: Efectúa un control administrativo en cuanto a la legalidad y la oportunidad en cuanto a la vigencia y cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales de las personas en relación al sector público.

d. Designación: Es elegido por el Congreso Nacional por dos tercios de votos de los presentes.

e. Requisitos: 35 años de edad y los mismos que para diputado.

f.  Periodo: 5 años.

g. Reelección: Puede ser reelecto por una sola vez.

h. Facultades:

 

–        Puede interponer recursos de inconstitucionalidad, directo de nulidad, amparo y habeas corpus sin necesidad de mandato.

–        Tiene libre acceso a los centros de detención, reclusión e internación.

–        Las autoridades y los funcionarios tienen la obligación de proporcionarle la información que requiera.

 

i. Independencia funcional: No recibe instrucción de ninguno de los poderes públicos, aunque su presupuesto es parte del presupuesto del Legislativo.

j. Caso de Corte: Goza de caso de Corte, y no podrá ser enjuiciado, perseguido ni detenido.

k. Rendición de cuentas: Al Congreso Nacional por lo menos una vez a año.

 

Bibliografía

 

1. Instituto de Planeamiento Konrad Adenauer S., Estudio Piloto Reformas de Segunda Generación, Integración Regional y Descentralización Política.

2. Id.

3. Estevez Alejandro, Calle Fabián. El institucionalismo ingenuo: las reformas del Estado de «segunda generación.»

4. Pacheco Máximo G. Teoría del Derecho. Editorial Jurídica Temis S.A. Santiago de Chile. 1990

5. Pacheco Máximo. Id.

6. Jellinek Georg. Teoría General del Estado. Fondo de Cultura Económica. México. 2000.

7. Chanamé Orbe Raúl. Diccionario de Derecho Constitucional. Editorial Praxis. Lima. 2000.

8. Chanamé Orbe Raúl. Id.

9. Asbún Jorge. Derecho Constitucional General. 2° Edición.

10. Id.

11. Id.

12. Id.

13. Id.

14. Vladimiro Naranjo. Teoría del Derecho. Cuarta Ed. Editorial Temis S.A. Santiago de Chile. 1990

15. Vaca Diez Hormando. Pensamiento Constitucional Boliviano 1826-1995. 1998.

16. Chanamé Orbe Raúl. Diccionario de Derecho Constitucional. Editorial Praxis. Lima. 2000.

17. Trigo Ciro Félix. Derecho Constitucional Boliviano. Editorial Cruz del Sur. La Paz-Bolivia. 1952

18. Constitución Política del Estado. Edición Oficial. La Paz, 1997.

19. Ferrero R. Raúl, Manual de Ciencia Política. Editorial Ausonia. Lima-Perú. 1984.

20. Sartori Giovanni. Ingeniería constitucional comparada. Una investigación de estructuras, incentivos y resultados. Fondo de Cultura Económica. México. 1999.

21. Vaca Diez V.D. Hormando. Pensamiento Constitucional Boliviano 1826-1995. 1998.

22. Serra Rojas Andrés. Diccionario de Ciencia Política. Fondo de Cultura Económica. México.1999

23. Vaca Diez V.D. Hormando. Id.

24. Diccionario de la Lengua Española.

25. Serra Rojas Andrés. Id.

26. Chanamé Orbe Raúl. Id.

27. Vaca Díez V.D. Hormando. Pensamiento Constitucional Boliviano 1826-1995.

28. Constitución Política del Estado de 1967.

29. Rivera José Antonio S. Jurisdicción Constitucional. Procedimientos Constitucionales en Bolivia. Talleres Gráficos Kipus Editora. Cochabamba-Bolivia. 2001.

30. Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires.1992.

31. Constitución Política del Estado. Ley No 1615 de 6 de febrero de 1995.

32. Ley de Organización Judicial. Ley de 18 de febrero de 1993.

33. Id.

34. Id.

35. Id.

36. Horn Wolfgang. Estado de Derecho, democracia y jurisdicción constitucional. Extraído de: Informationen zur politischen Bildung No 200. 1991.

37. Rivera José Antonio. Id.

38. Rivera José Antonio. Id.

39. Rivera José Antonio. Id.

40. Vaca Díez V.D. Hormando.